El presunto asesino y descuartizador de 'El Bolas' afronta 25 años de prisión

El asesinato a tiros y posterior descuartizamiento parcial de Javier Romero, alias 'El Bolas' y 'El Largo', en febrero de 2015, uno de los crímenes más brutales de los últimos años en la Región y cuya resolución ha requerido de mayores esfuerzos de las fuerzas de seguridad del Estado, llegará a juicio con peticiones de condena de hasta 25 años de prisión para su presunto autor: Jesús Ángel M.J., conocido por el sobrenombre de 'Chulín'. Este vecino de San Pedro del Pinatar, supuestamente vinculado al tráfico de estupefacientes, está acusado de haber acabado con la vida de quien era un antiguo amigo suyo y su presunto proveedor de cocaína, con quien tenía una deduda que se resistía a abonar. Tras asestarle en apariencia dos disparos en el cráneo y seccionarle la cabeza y los brazos, habría dejado abandonado el cadáver de Javi en el maletero de su Audi A6, donde fue descubierto al cabo de cuatro días en el aparcamiento del Hospital del Mar Menor.

Durante largos meses, los especialistas de la Policía Nacional realizaron infinidad de gestiones en el entorno de 'El Bolas', sin que se obtuvieran pistas fiables sobre la autoría del crimen, hasta que el 28 de diciembre de 2015 se recibió una llamada anónima en la sede de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía. «En la muerte de 'El Largo' -vino a decir el informante- está implicado un vecino de San Pedro del Pinatar llamado Jesús Ángel, que tiene una finca en San Javier: Los Rastrojos. A Javi lo mataron por culpa de una deuda».

El chivatazo fue fundamental para orientar la investigación, que se sustanció un año más tarde en la detención del mencionado Jesús Ángel M.J. Ahora, al cabo de un lustro, la instrucción judicial está completamente concluida y el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa han presentado sus escritos de calificación provisional, en los que se avanza la postura que cada cual mantendrá ante el jurado popular que enjuiciará el asunto.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio, por el que reclama una condena de 15 años de prisión para Jesús Ángel M.J., y de otro delito de profanación de cadáver, «pues sin importarle el ultraje y la deshonra que ello suponía para el cuerpo sin vida de Javier, procedió haciendo uso de una sierra a seccionar partes de su cuerpo», relata en su escrito. Por este segundo delito, el acusador público reclama otra pena de cinco años de prisión.

Como era de esperar, el suceso se tipifica como de mayor gravedad por parte de la acusación particular, que se ejerce en nombre de la familia de la víctima. En este caso se estima que 'Chulín' incurrió en asesinato, al actuar presuntamente con alevosía -esto es, sin darle a Javier la más mínima oportunidad de defensa- y con ensañamiento. La pena que reclama es de 25 años de prisión.

Por su parte, la defensa de Jesús Ángel M.J., que ha sido asumida finalmente por el letrado Eduardo Romera, niega cualquier implicación de su cliente en el crimen y, al margen de ello, aduce que se han vulnerado principios protegidos constitucionalmente, como los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a la defensa. En concreto, denuncia que se han dejado de practicar algunas pruebas que consideraba fundamentales para su defensa, como la transcripción íntegra de las conversaciones telefónicas que se grabaron a 'Chulín' y que, en su opinión, evitaría que algunos retazos de las mismas se utilizaran de manera sesgada y fuera de contexto.

El interés del abogado Romera parece justificado si se tiene en cuenta que esas grabaciones telefónicas están llamadas a tener una relevancia fundamental en el juicio por jurado, pues la investigación no ha permitido encontrar una sola prueba material que resulte definitiva para demostrar la autoría del crimen por parte de Jesús Ángel M.J.: ni ADN, ni arma homicida, ni huellas dactilares, ni testigos directos... De ahí que acusaciones y defensa se vean obligadas a exprimir al máximo sus recursos para tratar de inclinar la balanza en favor de su versión.

Para el caso de que finalmente el jurado opte por establecer la culpabilidad del acusado, el letrado reclama que se tenga en cuenta que se encontraba «en estado de intoxicación plena por su adicción a drogas tóxicas».

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