La mujer del directivo de Quirón justifica la venta de su empresa al novio de Ayuso por medio millón

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha interrogado a la investigada durante algo más de una hora en el marco de la causa que instruye contra González Amador por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. Se trata de una pieza separada de la causa iniciada por dos delitos fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 por un montante superior a los 350.000 euros.

La citación de Gloria Carrasco, farmacéutica de profesión, se realizó con el fin de averiguar si se pagó la citada comisión «encubierta» de medio millón de euros por la compra de una sociedad, Círculo de Belleza, que «carecía de actividad y patrimonio». Una adquisición que llamó la atención por su elevada cuantía y que el propio González Amador trató de justificar en su momento ante la jueza por los beneficios de la red de distribución comercial vinculada a esta mercantil.

Segú fuentes presentes en la declaración, Carrasco ha negado que se tratara de una operación para encubrir un soborno a su marido y ha tratado de explicar con abundantes detalles y datos cómo se desarrolló la venta de Círculo de Belleza en diciembre de 2020, de la que ella poseía un 60% de las acciones y su marido Fernando Camino, un 20%.

Así, la investigada ha argumentado que todo parte de una oferta que le pone sobre la mesa González Amador y que ésta ve «correcta» y «razonable» para poner en marcha «otros proyectos», según han indicado las fuentes jurídicas consultadas. También ha manifestado que «no se leía los contratos», indicando que «todo lo veía normal» y que no habla de esos temas con su marido.

El pasado 10 de abril, González Amador documentó ante la magistrada los ingresos obtenidos de Quirón Prevención, su cliente más asiduo como técnico/comercial sanitario, negando su ocultación para evitar la tributación ante Hacienda. Afirmó además que la compra de la citada sociedad se realizó por el valor de su red de distribución que tenía y que incluía a más de 300 farmacias de todo el territorio nacional.

La pieza separada se abrió en su momento para investigar posibles nuevos delitos «en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa de Alberto González Amador, y su cliente Quirón Prevención».

La acusación popular, formada por el PSOE y Mas Madrid, entendió que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención».

Entiende que podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que Mape Asesores (la empresa gallega de la que Camino es consejero) adquirió productos sanitarios de la empresa catalana FCS Products». Por este negocio, González Amador facturó 2.021.900 euros en marzo/abril de 2020 en concepto de comisión por su mediación.