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La superficie potencial de cultivo de la Región de Murcia se ha reducido una cuarta parte en apenas una década. El proceso de desertificación sitúa a estas tierras «en el puesto más desfavorable» de la España peninsular, por encima de Almería y Alicante, según un estudio del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) recogido hace dos años por este periódico. La pérdida anual de suelo se ha llegado a estimar en alguno de estos ejercicios en más de 16,5 toneladas por hectárea, en un entorno con las temperaturas medias más altas de la España peninsular, y que siguen incrementándose (particularmente en los últimos 40 años) mientras la humedad desciende. El riesgo de desertificación, que ya afecta al 75% del país, se considera muy alto principalmente en el Sureste, en un fenómeno similar al que están experimentando otras áreas del sur de Italia, Portugal, Chipre y el Delta del Danubio en Rumanía.
Estos países, junto a España, y otros cinco más (Bélgica, Austria, Suecia, Noruega y también Túnez) se han puesto manos a la obra para encontrar vías con las que mitigar el problema experimentando nuevos usos. Para lograrlo han elegido cinco áreas piloto de otros tantos países, en concreto España, Italia, Rumanía, Túnez y Chipre, en las que se van a ensayar distintas innovaciones con las que abordar los distintos factores que afectan al proceso de desertificación. Se trata de propuestas proporcionadas por seis empresas a la vanguardia de soluciones sostenibles, y que figuran como socias del proyecto: la firma británica especializada en medición de temperatura Isotech; la sueca de sensores de suelo Agrodit; la austriaca dedicada a soluciones de retención de agua y fertilidad del suelo Agrobiogel; la compañía portuguesa de biocarbón de uso agrícola Imflorestal y la empresa gallega de rehabilitación de suelos Edafotec.
En el caso de España, la propuesta que se va a ensayar pasa por promover prácticas sostenibles y evaluar soluciones para mejorar la eficiencia del uso del agua con el algarrobo como modelo. «En los últimos años, el algarrobo ha adquirido relevancia global debido a los múltiples usos y beneficios que ofrece», explica el investigador Francisco Pedrero Salcedo, del Departamento de Riego del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), desde donde se coordina un proyecto europeo (Ciclica) sobre este cultivo.
«Sus semillas y frutos no solo se emplean en la alimentación, sino también en la industria cosmética, farmacéutica y como fuente de antioxidantes naturales», añade el especialista, al frente de la investigación que se va a desarrollar en la Región enmarcada dentro de la iniciativa paneuropea, bautizada como Terrafase. El proyecto, que se alargará cinco años (hasta 2029), está financiado por la Unión Europea a través del programa marco de investigación e innovación Horizonte Europa.
«No se trata tanto de cambiar completamente el sistema productivo y los diferentes cultivos que se generan en la Región», advierte, «pero sí debemos introducir gradualmente, al menos en algunas zonas especialmente amenazadas, determinados cultivos que pueden adaptarse bien a nuestras condiciones climáticas y que al mismo tiempo pueden llegar a ser rentables».
¿Qué ventajas puede representar la vuelta a un fruto que en tiempos se conoció como el chocolate de los pobres y estuvo a punto de desaparecer de estas tierras hace apenas una década? En el ámbito agrario no es extraño escuchar sentencias peyorativas hacia este árbol: «Quieren acabar con los cultivos de regadío más rentables y que volvamos al algarrobo», se dice en alguna ocasión para criticar las nuevas políticas agrarias centradas en la sostenibilidad. En este caso, la propuesta es literalmente esa.
El algarrobo, abunda el especialista, «se ha convertido en un símbolo de sostenibilidad en la agricultura por ser un cultivo resistente y esencial en zonas con recursos hídricos limitados». Este árbol tradicional de la región mediterránea « ha cobrado gran importancia, tanto en Murcia como a nivel internacional», hasta el punto de que en España, que es el país líder en la producción mundial de algarroba, «regiones como la Comunidad Valenciana y Murcia destacan con producciones entre las 60.000 y 80.000 toneladas anuales».
La elección de este cultivo para ensayar su vuelta al Campo de Cartagena, donde en su tiempo fue un símbolo, se basa en la combinación de sus crecientes usos alimentarios, cosméticos y farmacéuticos con su capacidad para contribuir «a la mitigación del cambio climático al fijar la captura de carbono, su resistencia a incendios y [su capacidad de] mejorar los ecosistemas degradados». «Por encima de todo, es una alternativa sostenible frente a otros cultivos, especialmente en un contexto de escasez hídrica», destaca Pedrero Salcedo, a la cabeza de este estudio de enfoque tanto agronómico como biotecnológico, económico y medioambiental. Y la escasez hídrica de estas tierras resulta incuestionable. Murcia, precisa, «enfrenta múltiples factores que contribuyen a la desertificación». Entre ellos destacan unas condiciones biofísicas adversas, «como su baja precipitación anual, la alta salinidad y suelos frágiles con poca materia orgánica», que, combinados «con presiones socioeconómicas como la urbanización acelerada», agravan os problemas. El resultado: «Esta región es especialmente vulnerable a los cambios climáticos que intensifican la aridez, aumentan las sequías y agravan la erosión del suelo».
Francisco Pedrero afirma que el cambio climático «ha exacerbado los desafíos en Murcia, provocando un aumento progresivo de las temperaturas y una reducción significativa de las precipitaciones en las últimas décadas». La combinación de sequías más largas e intensas con eventos climáticos extremos, como lluvias torrenciales y olas de calor», avisa, «contribuyen al deterioro del suelo, dificulta la recarga de acuíferos y aumenta el estrés hídrico en áreas». Estos factores, resume, «han incrementado la vulnerabilidad del paisaje, afectando tanto a la agricultura como a los ecosistemas locales».
Para mitigar estos riesgos, el científico propone estrategias integrales que incluyan la restauración de suelos, la gestión sostenible del agua y la adaptación al cambio climático. «Solo a través de una acción coordinada será posible preservar los recursos naturales y garantizar la sostenibilidad de la región en el futuro». Esa acción coordinada es la que se busca en el proyecto europeo Terrafase, «donde se pretende que todos los sectores implicados y afectados por el proceso de desertificación planteen retos a superar y soluciones a medio y largo plazo». En esta línea, el mes pasado se organizó un primer taller sobre desertificación en la sede del Cebas-CSIC en Murcia con la participación de científicos y agricultores, en la que se discutieron aspectos técnicos, sociales, económicos y políticos en busca de una visión integral de los problemas detectados y las estrategias necesarias para mitigarlos.
La escasez de agua es uno de los principales retos señalados en las regiones afectadas por la desertificación, lo que plantea la necesidad «esencial» de «desarrollar infraestructuras hidráulicas y diseñar políticas específicas adaptadas a las necesidades de cada región». Es una de las conclusiones de ese primer encuentro, en el que se planteó también «la necesidad de transformación de modelos agrícolas tradicionales», potenciando la adopción de nuevas técnicas de riego, el uso de agua regenerada y desalinizada y la diversificación de cultivos y técnicas de producción «en la búsqueda de alternativas más resilientes ante los efectos del cambio climático». Para lograrlo, se deberán superar también «múltiples barreras que dificultan la lucha contra la desertificación, como puede ser la ausencia de planificación a largo plazo y la mejora de la coordinación entre niveles de gobierno».
Las soluciones planteadas en este primer taller incluyen «la mejora de la comunicación entre los sectores público, privado y científico; la necesidad de incrementar las inversiones en tecnologías agrícolas de precisión, la planificación eficiente del uso del agua y el suelo y la implementación de legislaciones y normativas estables que fomenten la sostenibilidad ambiental pero que también respalden a los agricultores, incluyendo incentivos económicos para la conservación del suelo». El puzle está servido, y la mesa en la que va a tratar de ensayarse su ensamblaje también: el Campo de Cartagena como área piloto de este proyecto europeo presupuestado en casi siete millones de euros.
El proyecto Terrafase de búsqueda de soluciones contra la pérdida de calidad en los terrenos, en el que están implicados una decena de países, ha establecido cinco áreas piloto, en España, Italia, Rumanía, Túnez y Chipre, «para abordar los diferentes factores que afectan al proceso de desertificación y en donde se seleccionarán y testarán diferentes innovaciones» desde ahora y hasta 2029, explica el investigador del Cebas-CSIC Francisco Pedrero. En España, en concreto en el Campo de Cartagena, se trabajará en «áreas con alta escasez de agua, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y evaluando soluciones para mejorar la eficiencia del uso del agua en el algarrobo».
En Italia, el proyecto se enfoca en combatir la despoblación y el abandono de tierras en dos subáreas piloto, en las que se va a analizar el impacto de innovaciones sociales para revitalizar las comunidades rurales y gestionar mejor sus tierras.
Rumania centra sus esfuerzos en revertir el declive de la vegetación en zonas de estepa, para lo que se promoverán «técnicas de reforestación innovadoras y colaborando con propietarios de tierras forestales para mejorar la salud de los bosques».
Túnez, el único país africano donde se desarrolla la iniciativa, aborda la degradación del suelo en sistemas de oasis. La solución que se va a ensayar contempla la implementación de tecnologías de manejo de residuos orgánicos y soluciones tradicionales combinadas con innovaciones modernas para la conservación del agua y del suelo. Y en el caso de Chipre, los ensayos se concentran en mitigar la degradación del suelo y el agotamiento de las aguas subterráneas a través de la colaboración con comunidades locales y autoridades para implementar técnicas agrícolas sostenibles y restauración de tierras.
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Óscar Beltrán de Otálora, Gonzalo de las Heras e Isabel Toledo
Ivia Ugalde, Josemi Benítez e Isabel Toledo
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