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Ha tardado más de una década, pero el asesinato a tiros y posterior descuartizamiento parcial de Javier Romero, alias 'El Bolas' y 'El Largo', llega por fin a estrados este mes. A partir del próximo viernes 27, un jurado popular compuesto por nueve hombres y mujeres se encargará de bucear en uno de los crímenes más cruentos de los últimos años en la Región. En el banquillo su presunto autor: Jesús Ángel M. J. –conocido por la víctima con el sobrenombre de 'Chulín'– que afronta peticiones de condena de hasta 25 años de prisión y que sigue defendiendo su inocencia a capa y espada.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial ha reservado, al menos, cinco sesiones para una vista –que arrancará el día 20 con la selección del jurado– en la que se prevé que comparezcan casi una treintena de testigos, entre ellos familiares y allegados tanto de la víctima como del presunto homicida y los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la investigación. Ante el jurado desfilarán, además, diversos peritos, especialistas en balística forense, biología, criminalística o informática y comunicaciones, entre otras materias que la Policía Nacional puso encima de la mesa para tratar de arrojar luz sobre el final de 'El Bolas'.
El letrado defensor de Jesús Ángel M. J., Eduardo Romera, avanza que, como viene siendo habitual recientemente, reclamará que su cliente declare en último lugar, una vez que haya escuchado la prueba que existe contra él y por la que, entiende el fiscal, debe ser condenado a 15 años de cárcel por presunto homicidio. El Ministerio Público coloca sobre la espalda del único acusado, además, un supuesto delito de profanación de cadáver, pues presuntamente «sin importarle el ultraje y la deshonra que ello suponía para el cuerpo sin vida de Javier, procedió haciendo uso de una sierra a seccionar partes de su cuerpo», relata en su escrito de conclusiones. Por este segundo delito, el acusador público reclama otra pena de cinco años de prisión.
La petición de pena es mayor por parte de la acusación particular, que se ejerce en nombre de la familia de la víctima. En este caso se estima que 'Chulín' incurrió en asesinato, al actuar presuntamente con alevosía y con ensañamiento. La pena que reclama es de 25 años de prisión.
Una llamada anónima recibida el 28 de diciembre de 2015 en la sede de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía cambió el curso de una investigación, en el entorno de 'El Bolas', que se prolongaba durante meses sin grandes frutos. «En la muerte de 'El Largo'», aseguró el informante desconocido, «está implicado un vecino de San Pedro del Pinatar llamado Jesús Ángel, que tiene una finca en San Javier: Los Rastrojos. A Javi lo mataron por culpa de una deuda».
Esa llamada llegó diez meses después de que los agentes encontraran en el maletero de un viejo Audi A6 ranchera en el aparcamiento del hospital Los Arcos del Mar Menor el cadáver desmembrado de este exjugador de balonmano, antiguo pinchadiscos –de locales de La Curva de Lo Pagán– y aparente corredor de fincas. Alguien le había seccionado la cabeza y los brazos y los había metido en una bolsa de basura.
Javier estaba desaparecido desde el 11 de febrero de 2015 y pasaron ocho días hasta que los investigadores, gracias al rastreo y último posicionamiento de su móvil, dieron con el cadáver. Al ser localizado por la Policía 'El Bolas' todavía portaba entre sus ropas 7.000 euros con los que había salido de casa y con los que, según explicaron sus allegados, pretendía abonar una parte del trabajo que un decorador había hecho recientemente en su casa de Ibiza.
El registro del coche fue crucial para el desarrollo de las pesquisas, puesto que, además de los 7.000 euros que hallaron escondidos, los especialistas policiales localizaron dos teléfonos móviles. Uno de ellos, un viejo Nokia con tan solo tres contactos en su agenda. Tirando del hilo, averiguaron que Javier se dedicaba, al parecer, a mover grandes cantidades de cocaína, que tenía contactos en Colombia, Holanda y Argentina y que era propietario de inmuebles en Ibiza, Alicante y Granada.
A pesar de las innumerables diligencias realizadas por los investigadores, cuando llegó el chivatazo el asunto seguía atascado y este fue fundamental para orientar la investigación policial. Acabó, prácticamente un año después, con la detención de 'Chulín', un vecino de San Pedro del Pinatar, supuestamente vinculado al tráfico de estupefacientes que está acusado de haber acabado con la vida de quien era un antiguo amigo suyo y su presunto proveedor de cocaína, por una deuda que se resistía a abonar. Fue detenido en noviembre de 2016 y en el registro de su domicilio y de la finca rural se hallaron 178.000 euros en efectivo, dos armas de fuego y dos medios gramos de cocaína y uno de cristal que la defensa atribuye a autoconsumo.
El jurado deberá determinar si, como sostienen las acusaciones, el 11 de febrero de 2015 'Chulín' quedó con la víctima en la finca Los Rastrojos, propiedad de su familia, o en un lugar cercano y, con la intención de quitarle la vida, le descerrajó dos tiros en la cabeza a bocajarro. Estos nueve ciudadanos tienen que decidir, además, si consideran probado que después, haciendo uso de una sierra, le seccionó la cabeza y los brazos y si esas amputaciones se realizaron con posterioridad a la muerte. Diez años después del cruento hallazgo de su cadáver en el maletero de un coche, 'El Bolas' aguarda ahora justicia.
La defensa de Jesús Ángel M. J., asumida por el abogado penalista Eduardo Romera, afirma que en la instrucción del caso existe una ausencia notoria de pruebas sólidas que incriminen al acusado. Remarca que su cliente «es víctima indirecta de toda esta situación» y espera poder demostrarlo en la vista ante el jurado popular. Romera pretende echar por tierra una investigación policial que, sostiene, se enfocó en culpar a 'Chulín' pero que hace aguas. «Vamos a desmontar todas las barbaridades que dice la Policía», sostiene el letrado. «Con las pruebas objetivas de ADN, de polen, de balística... vamos a determinar que Jesús es inocente como así lo vio, en un primer momento, el magistrado que llevó la causa que, hasta en dos ocasiones, archivó la causa por entender que no existía prueba objetiva contra él».
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